El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al excapitán del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército, Carlos Alberto Vega, como partícipe necesario de la apropiación del nieto Marcos Eduardo Ramos y de su hermano, Elías Ismael Suleiman.

Durante el debate oral, que se extendió por más de dos meses, se pudo reconstruir la historia de Rosario del Carmen Ramos, madre de Marcos e Ismael, desaparecida desde noviembre de 1976. Ese año, Marcos, de cinco meses, y su hermano Ismael, de 8 años, fueron secuestrados en Tucumán y trasladados a una casa quinta de Tafí Viejo. Ismael logró escapar, mientras que Marcos quedó en manos de sus apropiadores.

Mientras se desarrollaba el juicio, gracias a nuevos estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Marcos supo que es hijo de Pastor Dante Campos, quien también permanece desaparecido, y pudo conocer a su familia paterna. “Ha cambiado mi vida, antes nunca me había sentido querido”, expresó al prestar testimonio ante el Tribunal, en referencia a los cambios que vivió desde su restitución en 2018.

En la lectura del fallo, los jueces determinaron que los crímenes investigados en el juicio constituyen delitos de lesa humanidad, rechazaron los planteos de la defensa de Vega, lo encontraron culpable por hacer incierto el estado civil de Ismael y adulterar el de Marcos, y dispusieron que continúe en prisión domiciliaria con monitoreo.

Asimismo, el Tribunal ordenó una reparación integral a las víctimas, de acuerdo a la ley, y la continuidad del tratamiento psicológico de ambos. “Es obligación del Estado identificar a las personas desaparecidas y que se garantice el derecho a la identidad –leyó una de las magistradas–, así como la preservación y fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, los archivos documentales y los equipos de investigación dedicados a la búsqueda”. La lectura de los fundamentos de la sentencia fue anunciada para el próximo 26 de agosto a las 14.

Más allá de que la pena fue menor a los 17 años requeridos por Abuelas y por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pablo Camuña junto con la fiscal auxiliar Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira, el juicio oral permitió poner en valor no sólo la actuación de la fiscalía sino además de la Red por el Derecho a la Identidad de Tucumán. Como señaló el secretario de Abuelas Manuel Gonçalves Granada durante su testimonio: “Muchas personas, algunas más allá de su rol de funcionarios públicos, se involucraron desde un punto de vista humano en el caso. Todo esto hace que hoy podamos ver a Marcos parado de otra manera. Sin duda va a seguir necesitando asistencia y acompañamiento, pero gracias a que llegó la verdad a su vida, y tantas personas lo han podido abrazar, y tiene una familia que lo contiene, hoy Marcos no arrastra más los pies ni mira más al piso”.

Dada la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Marcos, su restitución requirió un abordaje integral y más amplio. “A partir de las propias demandas del caso se fueron buscando y articulando dentro del Estado provincial y nacional las herramientas que eran necesarias. El primer momento fue crear esa red de atención y contención, desde el punto de vista psicológico, de salud, de vivienda. Muchas personas de la sociedad civil se fueron acercando a dar asistencia, que necesitaba las 24 horas, no alcanzaba con lo institucional para ayudar a Marcos, y eso fue lo que sucedió”, contó Manuel.

Todo esto, sumado a la identificación del padre de Marcos, fruto a su vez del trabajo articulado y exhaustivo de diversos organismos, hace que la resolución del juicio constituya una instancia para agradecer la labor de las integrantes del nodo de la Red por la Identidad de Tucumán y de la fiscalía, actores fundamentales en la compleja trama que culminó con la condena a Vega.